DONOSTIA - El director de Energía y Minas del Gobierno Vasco, Aitor Oregi, afirmó ayer que el Ejecutivo pretende “ser garante de que la información energética de los inmuebles esté de forma efectiva a disposición de los futuros compradores o arrendatarios”, y para ello exigirá el certificado en las transacciones en las que se requiere. Además, anunció que el Ejecutivo comenzará a sancionar las infracciones que se cometan por parte de los agentes involucrados -empresas promotoras, propietarios, gestores de la publicidad e instituciones públicas- con cuantías que van desde los 300 a los 6.000 euros.

  • Infracción leve (300-600€):
    Publicidad venta o alquiler sin mención calificación energética
  • Infracción grave (1.000€):
    No presentar certificado para su registro en EVE
    Vender o alquilar sin que el vendedor o arrendador entregue el certificado
  • Infracción muy grave (6.000€):
    Falsear la información del CEE en su realización o registro
    Publicitar una califación no respaldada por certificado

En cuanto a los alquileres el Departamento de Vivienda ha puesto en marcha el registro obligatorio de los contratos de alquiler y, aunque aún no se exija el certificado en el momento del registro, «sí que está previsto el cruce de datos», aclaró Oregi. Es decir, «compararemos los datos que nos pase Vivienda y los del registro». Esto permitirá comprobar qué viviendas se han alquilado sin tener el certificado «y se les multará».

Oregi lanzó esta advertencia durante la jornada de Certificación Energética de Edificios organizada por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, en colaboración con las Agencias de Propiedad Inmobiliaria de Euskadi, que se celebró en el edificio Orona Ideo de Hernani.

El certificado de eficiencia energética es “un derecho a la información objetiva sobre el comportamiento energético el inmueble, que se clasifica en una escala de la A a la G desde el mayor ahorro hasta el mayor gasto, según el consumo de energía y de emisión”, explicó Sagrario Eneriz, técnica del Área de Terciario del Ente Vasco de Energía (EVE). .Aunque en la actualidad este factor sea uno de los últimos a la hora de comprar o alquilar una vivienda, por detrás del tamaño o el precio, es relevante en esta zona climática. “Nos posibilita comparar viviendas desde el punto de vista energético, fomenta el ahorro, los promociona edificios de alta eficiencia y las inversiones en ahorro de energía” recalcó la técnica.No siempre es obligatorio. De hecho, solamente se requiere en las nuevas construcciones, en la compra-venta o arrendamiento y para ciertas rehabilitaciones. Por lo tanto, es indispensable para el promotor que construye y para el propietario que va a vender o alquilar. “También lo es para entidades públicas que ocupen superficies de más de 250 metros cuadrados frecuentados por el público”, completó.

Para que los compradores e inquilinos conserven el derecho a esta información, los agentes privados -empresas promotoras, propietarios e instituciones públicas- deben cumplir sus obligaciones. Incluso los gestores de publicidad están involucrados, ya que la normativa exige que “antes de comprar y vender tienen que tener el certificado”, apostilló Eneriz. Desde el principio del año y hasta el 30 de septiembre, en Gipuzkoa se han registrado 5.839 calificaciones energéticas, 9.500 en Bizkaia y 2.486 en Araba, lo que suma un total de 17.825 en el conjunto de la CAV, según las estadísticas del EVE. Además, desde que en 2013 el Gobierno Vasco puso en marcha este registro de certificados, se han acumulado casi 67.000 documentos. Sin embargo, “la falta de labor inspectora” ha llevado a que algunos certificados se hagan “sin mirar la vivienda”, aseguró José Luis Polo, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa. Asimismo, explicó que el precio medio de este certificado puede ser entre 250 y 300 euros para una vivienda de 80 metros cuadrados. “Pero por la competencia, la falta de rigor y la falta de inspección, se está haciendo por 50 euros”, lamentó.

También criticó que, aunque las inmobiliarias estén obligadas a mostrar la letra del certificado, es el propietario quien debe encargarlo. “Si no hay una labor inspectora se lleva el certificado al último momento, que en la venta es la notaría pero en el arrendamiento no hay un momento en el que se reclame”, detalló Polo. “Mucha gente está retrasando el momento del certificado a cuando se hace efectiva la compra y no en el momento de la comercialización, que es la filosofía de la norma”, recalcó.Durante la jornada se propuso la reactivación del proceso inspector para que “en un plazo breve pueda haber un régimen sancionador en marcha”, resumió Polo. “Me parece que es necesario, porque se está generando un doble mercado, el de propietarios que se encargan de cumplir la norma y otros que viven en el limbo del incumplimiento y la picaresca”, sentenció el presidente, quien defendió el certificado como “un paso más en ese camino hacia la trasparencia del mercado inmobiliario”.

Además, quienes obtengan una calificación A, B o C tendrán que pasar por una doble auditoría, un segundo control de la certificación, para asegurar que la información es fiable.

Fuente: noticiasdeguipuzcoa.com